La definición de fuentes de ingreso para la inversión pública es una de las principales preocupaciones de cualquier gobierno urbano. En el caso de Bogotá, las principales fuentes de ingresos han estado centradas en los recursos que aporta la Nación, los impuestos que gravan diferentes actividades que se llevan a cabo en el perímetro urbano, los ingresos percibidos por concepto del pago de tarifas de servicios públicos y los préstamos nacionales o internacionales que ha adquirido la ciudad en diferentes momentos de su historia para financiar sus proyectos de desarrollo. Desde 1960 hasta la década de 1980, la principal fuente de ingresos para los fondos públicos de la ciudad estuvo centrada en los precios y tasas que las empresas de servicios públicos percibían. Para la década de 1980 los ingresos tributarios no superaron sumados, los ingresos directos del servicio de cualquiera de las empresas. Esto llevó a una crisis que tocó fondo en 1992 y se manifestó con la iliquidez del Distrito para cumplir oportunamente con numerosos compromisos de tesorería. A partir de la década de 1990, y con la sanción de la Constitución de 1991 y en especial del Estatuto Orgánico en 1993, el Distrito Capital cuenta con un régimen político, fiscal y administrativo especial que le permite combinar fuentes tributarias predominantemente municipales, como los impuestos predial y de industria y comercio, con fuentes tributarias departamentales, como el impuesto a la cerveza. Estas medidas, y otras emprendidas con el propósito de propiciar la confianza de los contribuyentes y los inversionistas, permitieron que en un solo año (1994) se duplicaran los ingresos corrientes distritales, y que en los años siguientes el presupuesto de la ciudad pasara de un billón a siete billones (en pesos constantes de 2006), los gastos de funcionamiento de la Administración disminuyeran del 48% al 16%, la inversión pasara del 30% al 75%, y que se superara la crisis financiera de las empresas distritales, como la EEB y la ETB, que en el presente tienen utilidades y dividendos que ayudan a financiar la inversión de la ciudad. El reto que tienen por delante los gobierno de la ciudad es el de traducir en sus presupuestos públicos programas de gobierno que amplíen la inversión social.