Hasta la década de 1980 una de las principales críticas que se le hacía a la administración distrital, y al sistema de gobierno de la ciudad, era que la ciudadanía no jugaba ningún papel: el gobierno de la ciudad desempeñaba un rol “gerencial” y los ciudadanos eran los “administrados”. Hasta esta década, la participación ciudadana se desencadenaba, principalmente, motivada por aspectos críticos de la ciudad relacionados con los servicios de acueducto, transporte urbano, cocinol y basuras. A esto se sumaba un modelo político en el que algunos actores privilegiaban la acción sobre sectores marginados, a través de pequeñas obras, a cambio de respaldo político. El Estatuto Orgánico de Bogotá, de 1993, posibilitó que la participación se convirtiera en uno de los ingredientes esenciales de la gestión pública, habilitando a los ciudadanos para presentar, por iniciativa propia, proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario, así como para revocar el mandato del Alcalde si no cumple con su programa de gobierno, y a participar en las juntas directivas de las empresas distritales de servicios públicos domiciliarios. Sin embargo, el tema central de fomento a la participación está vinculado con la descentralización de la administración de la ciudad. Desde la década de 1990, el Gobierno Distrital se ha empeñado en este esfuerzo por desarrollar instancias de democracia participativa, que tiene como objetivo promover y fortalecer la organización ciudadana para incrementar su capacidad de incidir en la definición, concertación y vigilancia de las políticas públicas, así como incrementar la eficiencia en la inversión de los recursos.