Las relaciones del gobierno de la ciudad con el sector privado, en lo que tiene que ver con la provisión de servicios públicos, han sido variables. En primer término, los principales servicios urbanos fueron prestados por iniciativa de empresarios privados y, posteriormente, ante la insatisfacción de los ciudadanos frente al servicio, fueron asumidos por el Municipio. Tal fue el caso del Acueducto de Ramón B. Jimeno, adquirido por el Municipio en 1914; la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá y la Compañía Nacional de Electricidad, adquiridas por el Municipio en 1927; el servicio de aseo asumido por el Municipio desde 1902; y el de telefonía desde 1940, después de adquirir The Bogotá Telephone Company Limited. Si bien a mediados del siglo XX se consolidó el modelo que prevaleció hasta la década de 1990, en el que la prestación de servicios públicos fue monopolio del Estado, para comienzos de la década de 1990 este modelo entró en crisis y la administración distrital optó por buscar una mayor eficiencia en la provisión de estos servicios, definiendo nuevas formas de organización con una mayor participación del sector privado. En términos económicos y de eficiencia, los resultados fueron positivos casi de inmediato. Sin embargo, estos modelos, defendidos por el Banco Mundial y aplicados en varios países, aún están en discusión, particularmente en lo referente a las tarifas para los sectores más pobres, la responsabilidad frente al consumo y la claridad en el papel que desempeñan los actores públicos y los privados.